Qué obtendrás del curso

Tras el curso, el participante podrá identificar los presupuestos jurídicos que permiten atribuir responsabilidad penal a los centros educativos en casos de acoso escolar, analizando la posición de garante y el concepto de déficit organizativo como base de imputación. Asimismo, será capaz de evaluar las actuaciones y omisiones relevantes desde la perspectiva penal, aplicar criterios para valorar la existencia de fallos estructurales en la organización y construir estrategias procesales orientadas a acreditar dicha responsabilidad. También podrá analizar las implicaciones jurídicas y organizativas para los centros educativos y considerar medidas de prevención del riesgo penal a través de modelos organizativos eficaces.

A quién va

El curso se dirige a abogados penalistas, especialmente aquellos especializados en responsabilidad penal de la persona jurídica, así como a abogados que asesoran o representan a familias afectadas por acoso escolar o que trabajan en litigación estratégica en el ámbito penal y educativo. También resulta relevante para abogados de empresa, asesores jurídicos de centros educativos, responsables de cumplimiento, directivos de centros, profesionales con funciones de protección del menor —incluido el Coordinador de Bienestar y Protección—, consultores en compliance penal y profesionales del ámbito educativo interesados en comprender su exposición a responsabilidad penal.

Contenido y metodología

El curso parte de la evolución reciente del tratamiento jurídico del acoso escolar, que ha pasado de un enfoque centrado en el menor agresor a un modelo que incorpora la posible responsabilidad penal de los centros educativos tras la reforma del Código Penal de 2022. En este contexto, se aborda la complejidad de analizar no solo conductas individuales, sino también estructuras organizativas y sistemas de prevención y control.A lo largo de la jornada se examinan los fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas aplicados al ámbito educativo, con especial atención a la posición de garante del centro, el alcance de sus deberes de protección y control, y el papel del déficit organizativo como elemento clave de imputación penal. Se analizan también las conductas activas y omisivas relevantes, así como las limitaciones de los modelos formales de prevención y la necesidad de sistemas efectivos de organización y control.Desde una perspectiva práctica, el curso aborda la construcción de estrategias jurídicas desde el lado de la víctima, incluyendo la prueba del déficit organizativo y el uso de documentación interna del centro. La metodología combina análisis jurídico riguroso con enfoque aplicado, incorporando discusión de casos y reflexión sobre el papel del Derecho penal como instrumento de transformación organizativa en el entorno educativo.

Programa de la jornada

1. El acoso escolar como problema penal: límites del modelo actual

• Insuficiencia del enfoque centrado en el menor
• Invisibilidad de la organización como factor relevante
• Necesidad de una respuesta desde el Derecho penal de la persona jurídica

2. Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito educativo

• Fundamentos del art. 31 bis CP
• Aplicación al sector educativo
• Imputación penal al centro educativo: presupuestos generales

3. La posición de garante del centro educativo

• El deber de protección sobre menores
• Ámbito de control y organización
• El centro como garante frente a riesgos derivados del acoso
• Relevancia del Coordinador de Bienestar y Protección

4. El déficit organizativo como fundamento de la imputación penal

• Concepto de defecto estructural de organización
• Cultura de cumplimiento vs. cumplimiento formal
• Cuándo puede afirmarse que el centro “ha fallado” como organización

5. Acción, omisión y responsabilidad del centro

• Conductas activas y omisivas relevantes
• Falta de prevención, detección o reacción
• Relación entre conducta individual y responsabilidad de la organización

6. Prevención real del riesgo penal: más allá de los protocolos

• Crítica a los sistemas meramente formales
• Insuficiencia de los protocolos antiacoso
• Requisitos de un modelo eficaz de organización y control
• Adaptación del compliance penal al entorno educativo

7. Estrategia jurídica desde la perspectiva de la víctima

• Construcción del caso penal frente al centro educativo
• Prueba del déficit organizativo
• Relevancia de la documentación interna y de los sistemas de control

8. Consecuencias penales para los centros educativos

• Penas aplicables a personas jurídicas
• Impacto jurídico, reputacional y organizativo
• Especialidades en función del tipo de centro

9. El papel del Derecho penal en la transformación del entorno educativo

• El efecto preventivo del modelo de responsabilidad penal
• Paralelismos con el ámbito empresarial
• El Derecho penal como instrumento de cambio organizativo

10. Debate y análisis de casos

• Discusión de supuestos prácticos
• Identificación de déficits organizativos
• Intercambio con los asistentes

Qué incluye

La inscripción incluye la asistencia al curso en modalidad presencial o mediante retransmisión en directo, así como el acceso a pausas café y comida tipo cóctel orientadas al networking. El participante dispondrá de acceso exclusivo a la plataforma JUCme, donde encontrará el material del curso y la información relacionada, y podrá descargar el certificado de asistencia y aprovechamiento una vez finalizada la formación. También se incluye un aviso de agenda previo a la sesión.

Opiniones de participantes sobre nuestros cursos

"Veo imprescindible y necesario asistir a este tipo de foros, puesto que es esencial para dar un servicio profesional de excelencia."
Pedro Miralles - Abogado en miralles & galera